La discapacidad tiene una fuerte correlación con el género femenino, lo que se ha manifestado históricamente y que hoy en una sociedad contemporánea continúa desde la desigualdad e inequidad, siendo las mujeres las más afectadas.

Basta con revisar las cifras, donde queda de manifiesto que de la población chilena adulta, somos más mujeres con discapacidad (24,9%) que hombres en la misma situación (14,8%). Para explicar en parte esta desigualdad, debemos considerar las circunstancias sociales y culturales que enfrentamos. En general accedemos a menos educación, por tanto tenemos menor participación laboral y menores salarios, incluso en proporciones menores a las de mujeres sin discapacidad. Por otro lado, estamos mucho más expuestas a sufrir abuso y violencia física y sexual, y muchas no saben que lo que les ocurre es violencia que debe ser denunciada, por eso sigue siendo tan necesaria la educación sexual en las escuelas, incluidas las escuelas especiales.

Socialmente predominan los estereotipos de mujer con discapacidad, que en ciertos aspectos son inversos al común del rol que se les asigna a mujeres sin discapacidad, por ejemplo se nos trata como personas asexuadas, no capaces de tener pareja o contraer matrimonio, y ni pensar en tener hijos, pues el rol de madre está asociado al cuidado, pero nosotras somos vistas como personas a cuidar no para brindar cuidados. Si bien actualmente el escenario ha cambiado bastante, aún estamos en deuda en derechos que garanticen los apoyos necesarios para ejercer una maternidad en igualdad de condiciones. Considerar las necesidades y la participación de mujeres con discapacidad en la generación de políticas públicas es fundamental para disminuir la brecha existente.

Desde otro contexto, encontramos la gran desigualdad que enfrentamos las mujeres desde el ámbito del cuidado vinculado a discapacidad. Si nos centramos en el derecho al cuidado, podemos identificar 2 aristas principales. En primer lugar el derecho de las personas con discapacidad a recibir un cuidado o asistencia personal idónea, que permita ejercer su autonomía y vida independiente, que es el primer principio declarado de la Ley 20.422. Al no estar este derecho garantizado en Chile, genera como consecuencia, la segunda arista, que es responsabilizar a las familias del cuidado de personas con discapacidad, rol principalmente ejercido por las mujeres del entorno familiar, sin opción a elegir, sin remuneración y sin protección social.

Hoy es un día que me genera muchas contradicciones, por un lado me motiva reconocer el gran trabajo de las mujeres cuidadoras que nos han dedicado su tiempo, su fuerza y paciencia en cuidarnos, porque eso nadie lo puede negar. Sin embargo también tenemos que reconocer que muchas de ellas no tuvieron más alternativa, y cedieron sus propias vidas, sus desarrollo personal y profesionales porque el Estado no nos brindó, ni a nosotras las personas con discapacidad, ni a nuestras cuidadoras, ninguna otra opción, porque los fondos concursables sabemos que no garantizan derechos, no son una opción, son un concurso donde no sabes si pasaras la selección.

No podemos seguir dependiendo de si nuestra red comunitaria tiene mujeres que nos cuiden o de nuestra capacidad económica para contratar servicios de asistencia personal, eso es puramente discriminación. El Estado debe generar políticas públicas robustas, que provean de opciones, donde tanto la persona con discapacidad pueda elegir qué tipo de cuidado desea recibir y las mujeres también puedan elegir si quieren cuidar de manera total, parcial o derechamente no hacerlo, y de querer, que contemple todas las coberturas en remuneraciones y de seguridad social.

Este 8M nos manifestamos para erradicar la desigualdad de género en discapacidad, para luchar en la consagración de derechos que nos permitan desarrollarnos de manera autónoma y en armonía con nuestro entorno.

Fuente: www.cedeti.cl